Este lunes, la diputada Blanca Águila Lima, presidenta de la Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales del Congreso del Estado, presidió la sesión por medio de la cuál se abordó el estudio y análisis del Proyecto de Dictamen por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala.

De acuerdo a los expedientes parlamentarios turnados por la Mesa Directiva para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, se atendieron las propuestas de reforma a la Ley de Archivos.

Lo anterior, en atención a los expedientes parlamentarios LXIV 064/2022, LXIV 225/2022, LXIV 228/2022 y el LXIV 010/2023, presentados en forma particular por el diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP) y el diputado Rubén Terán Águila, respectivamente.

Al respecto, las propuestas de reforma a la Ley de Archivos se encaminan a la atención de los Puntos Resolutivos de la sentencia de Acción de Inconstitucionalidad 93/2021 que resolvió la SCJN respecto de dicha norma.

Cabe recordar que la Reforma Constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, buscó primordialmente establecer las bases y principios para unificar o armonizar la materia de archivos a nivel nacional, otorgando así la facultad al Congreso de la Unión para expedir una Ley General que estandarizara sus formas de administración.

En cumplimiento a este mandato, el 15 de junio de 2018 el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Archivos, que entró en vigor el 15 de junio de 2019, fecha en que comenzó a correr el plazo de un año para que los Congresos Locales armonizaran sus ordenamientos con lo dispuesto en dicha Ley.

Sin embargo, el Congreso de la Unión no federalizó la materia de archivos, ya que las legislaciones locales tenían la obligación de observar la Ley General de Archivos y con plena soberanía y autonomía normar su propia Ley de Archivos.

En virtud de ello, la Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales plantea que las modificaciones a la Ley de Archivos del Estado cumplan con una equivalencia funcional respecto a la Ley General de Archivos, a efecto de que no entorpezcan, dificulten o imposibiliten el funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos, y con ello se acate la resolución de la SCJN respecto a la Acción de Inconstitucionalidad 93/2021.