De última hora, los diputados locales hicieron modificaciones al dictamen que se aprobó ayer en la Comisión del Transporte, por lo que tras cuatro horas de discusión en privado y en el Pleno, se autorizó quitar la licencia mercantil como requisito para los conductores de estas plataformas, así como la instalación de un botón de pánico desde la aplicación que permita a los usuarios y conductores reportar una situación de riesgo a la empresa y a uno de sus familiares.

A pesar de que en las últimas 24 horas la empresa Uber ejerció presión en redes sociales para permitir el cobro del servicio en efectivo y no dar acceso a su plataforma de socios y usuarios, ambas disposiciones se mantuvieron firmes en la regulación que aprobaron los diputados en sesión ordinaria.

Con licencia de automovilista podrán circular los choferes de Empresas de Redes de Transporte (ERT) –que funcionan a través de aplicación móvil, como Uber y Cabify— pues se argumentó que el tipo de documento no “cambia en nada” la seguridad de las unidades.

El diputado panista Pablo Montiel Solana fue quien promovió esta modificación y lasotras cinco que en total se hicieron, pues presentó reservas al proyecto de ley que le fueron aprobadas todas por mayoría.

Las reservas las dio a conocer a su nombre en tribuna durante la sesión ordinariade este martes, pero fueron previamente acordadas por los diputados de la Comisión de Movilidad y Transportes, que sesionaron de último momento durante hora y media a puerta cerrada.

Esto gracias a un receso que pidió el diputado del PRI, Pablo Fernández del Campo, en medio de la sesión ordinaria, pero que al parecer también fue planeado, pues desde el inicio de la sesión se pasó hasta el final la discusión de la iniciativa para reformar la Ley Estatal del Transporte, a propuesta de la Mesa Directiva.

Una vez que concluyó el receso, se reanudó la sesión, pero antes de dar a conocer las modificaciones, se procedió a aprobar la iniciativa en lo general.

Con 31 votos a favor, dos en contra, una abstención y una excusa del diputado del PVEM, Juan Carlos Natale López, fue aprobada sin leer antes el dictamen, pues también se aprobó dispensar la lectura de las modificaciones recién hechas por la Comisión de Movilidad y Transportes.

La perredista Socorro Quezada Tiempo y Julián Peña Hidalgo (sin partido) votaron en contra, mientras que Fernández del Campo se abstuvo; tras ser aprobada por mayoría, se pasó a la presentación de reservas, en voz de Montiel Solana.

La primera modificación que se dio a conocer fue que las empresas de transporteserán las encargadas de realizar, en el momento que lo consideren, las pruebas toxicológicas, psicométricas y la capacitación en materia de equidad de género.

Al principio, la iniciativa contemplaba que las pruebas se realizarían de inmediato, una vez que entrara en vigor la ley.

Con la modificación, se dio a las corporaciones un plazo indefinido para capacitar a sus empleados.

Luego se anunció que se eliminaba la obligatoriedad de que los choferes tramitaran licencia mercantil, a pesar de que esto fue aprobado el lunes por la misma comisión de transporte, pues era la principal exigencia de los taxistas tradicionales que acusaban competencia desleal.

Posteriormente, se anunció que en la definición de transporte ejecutivo las empresas dejaban de ser “mediadoras” entre su socio y el cliente, para ser “prestadoras” del servicio, a fin de que si sus empleados cometen algún ilícito, no puedan deslindarsey tengan responsabilidad.

A continuación, Montiel Solana presentó una reserva para modificar el artículo 12 bis de la ley de transporte, que contemplaba como pago único el electrónico, a fin de que se excluyera la palabra “únicamente”.

A decir del legislador, la palabra estaba de más porque en la descripción de “transporte ejecutivo” se menciona que solamente cobran con dinero electrónico, por lo que resultaba redundante, razón por la que rechazó que se haya dejado abierta la posibilidad a que se cobren por otros formatos, como denunció la diputada perredista Socorro Quezada Tiempo.

También anunció la incorporación los botones de alertamiento silencioso, propuesta que no se encontraba en la iniciativa original, presentada por el gobernador Antonio Gali Fayad.

Con dicha medida, será obligatorio que las empresas tengan en sus aplicaciones un botón de pánico conectado al sistema de seguridad pública, pero este podrá serutilizado por los pasajeros y los choferes, en el caso de que cualquiera considere que está en peligro.

Todas las reservas fueron aprobadas por mayoría, aunque con críticas por parte de Quezada Tiempo, quien acusó que se flexibilizó la ley tras las presiones hechas por la empresa Uber, misma que amenazó con irse si se reformaba la ley.

Jorge Aguilar Chedraui, presidente del Congreso, rechazó este señalamiento en entrevista al concluir la sesión y sostuvo que la iniciativa únicamente tiene como motivo “garantizar” la seguridad de los usuarios.

A pesar de que el priista Leobardo Soto Martínez –ligado a agrupaciones taxistas– ha criticado a las redes de transporte ejecutivo, en la sesión de este martes que ese extendió por cuatro horas, no hizo ni un pronunciamiento y votó a favor de las modificaciones.

Los choferes tendrán que renovar semestralmente su carta de antecedentes no penales.

Por su parte, las empresas estarán obligadas a transparentar el padrón de sus choferes, aunque no el de sus socios, es decir, el titular de la cuenta, pues se sabe que en muchas ocasiones los choferes no son dueños del vehículo, sino que trabajan para alguien que posee más unidades.

Todo esto, pese a que este mismo martes, Gali Fayad respondió a la “advertencia” de Uber al indicar que el gobierno no cedería a las presiones de la firma.