¡Síguenos!La empresa estadounidense Uber, valuada en 68 mil millones de dólares, que por medio de una aplicación proporciona a sus clientes por todo el mundo “vehículos con conductor”, se queda con alrededor de 34 por ciento de lo que se cobra en cada viaje en México; paga mal a sus “socios” dueños de vehículos y también a los conductores.
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Sus ganancias son demenciales.
Aun así, a mediados de diciembre, subió en nuestro país sus tarifas hasta más de 200 por ciento, sin que el incremento de ganancias se derrame equitativamente entre quienes trabajan y han invertido en el servicio de autos ejecutivos, los dueños de los vehículos, quienes en muchos casos no son los choferes.
El Gobierno de Puebla es el único que ha hecho frente a este abuso que la empresa justifica tramposamente con la oferta-demanda.
El aumento vino además en la etapa decembrina, cuando más flujo de dinero hay y cuando más se requieren sus servicios. Alevosía, ventaja y dolo se configuran en su decisión arbitraria.
Algunos choferes en Puebla, quienes ganan en promedio en la zona centro del país, 0.49 dólares por kilómetros, unos 10 pesos -de los pagos más bajos en todo el mundo-, fueron enviados como carne de cañón a protestar contra el decreto de la administración estatal para fijar límites a los abusos de la empresa que maneja la plataforma.
Protestaron, en sentido estricto, no solamente por su fuente de trabajo, sino a favor de un patrón extranjero y mega multimillonario. No tiene sentido.
En México y, por tanto, en Puebla, Uber -y otras empresas de aplicaciones, para servicios ejecutivos de transporte- opera amparada en las lagunas jurídicas.
Hay un enorme vacío legislativo que no ha atendido el Congreso de la Unión. Vale decir que algunos pocos legisladores son dueños de flotillas y son “socios” de estas empresas trasnacionales.
El aumento de los costos de sus viajes, que Uber bautizó como “tarifas dinámicas”, supuestamente sometidas a la oferta y demanda, son rotundamente abusivas.
Lo cierto es que no hay fluctuación, con base en criterios de demanda, sino que se trata de un incremento directo y arbitrario.
Mientras en algunas entidades el caso ni siquiera mereció el comentario de los gobernadores, y en la Ciudad de México, la morenista Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno, anunció que “revisaría” el tema, en Puebla sí se tomaron acciones, de inmediato.
El 28 de diciembre, la Secretaría de Movilidad estatal fijó precios máximos para atajar los abusos de Uber, Didi y otras. Se sentó aquí, en el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, un precedente nacional.
El Estado, y en este caso el gobierno de Puebla, cumple con su función primordial de remediar el caos, de defender a sus ciudadanos. Ni más, ni menos.
Uber consiguió un amparo también fincado en grietas jurídicas y plagado de interpretaciones, que el gobernador anunció que se combatirá.
En el comunicado con que Uber celebró que, para su plataforma y sus vehículos socios, se anulara el decreto estatal, adjudica su logro a que los gobiernos no pueden regular las tarifas de estas plataformas, como sí lo hace y lo debe seguir haciendo con el transporte local.
No hay solidez argumentativa, aunque por ello se les haya concedido el amparo. En estricto sentido, el gobierno del estado no está “regulando” las tarifas de Uber, sino que está fijando límites de cobros a un servicio que se presta en el territorio estatal.
Parecería lo mismo, pero en la lexicología jurídica los matices pesan e importan mucho.
Desde la fuerza de una trasnacional, Uber tiene una actitud desafiante, como advirtió Barbosa en su conferencia de este jueves:
“Dicen que no van a cumplir con la ley, y que la oferta y la demanda no se regulan por los gobiernos. Totalmente en una posición de desafío”.Agregó que “no vamos a apartarnos de nuestra ruta de defender a los poblanos… Vamos a pelear legalmente, no estamos de acuerdo; ya que se decida por la autoridad quién tiene la razón, pero vamos a dejar constancia que el gobierno defiende a la gente”.
Algunos medios, en el furor demencial que mantienen, festejaron el amparo a favor de Uber.
No terminan de entender que la empresa estadounidense de 68 mil millones de dólares no está peleando contra el gobierno, sino contra los poblanos. Abusa de los ciudadanos de Puebla y del país.
Es Uber contra lo que, románticamente llamamos, el pueblo.
