La gravedad de la situación que están enfrentando los poblanos por los abusos y el autoritarismo del gobernador Moreno Valle ha sido llevada a extremos inimaginables ante la imposición del alza de las gasolinas, la del gas y la anunciada al costo de la electricidad. El anuncio de tales medidas contenidas en la Ley Federal de ingresos 2017, en el mes de diciembre de 2016, puso de manifiesto la necesidad social y política de organizar acciones tendientes a modificar el contenido de dicha Ley y lograr revertir sus efectos perniciosos para la economía de los poblanos y la de todos los mexicanos. 

Puebla fue uno de los estados en los que la violencia irracional explotó el día 6 de enero de 2017, con saqueos y vandalismo a comercios por grupos organizados de delincuentes, pagados por el gobierno afirman organizaciones sociales, esa violencia tenía como objetivo disuadir a la ciudadanía de salir a las calles a expresar su inconformidad con el “gasolinazo” y la exigencia de que se revierta pese al anuncio de la negativa de las bancadas del PRI, PAN y PVEM a ir a un período extraordinario para modificar la Ley de ingresos y revertir esos impuestos que encarecen excesivamente el precio de los combustibles. 

Las causas de la liberalización del precio de las gasolinas tienen que ver con una reforma energética que se ofertó a la sociedad mexicana como la panacea de todos los males y a la crisis económica, política y de seguridad además de la evidente corrupción de los más altos funcionarios del gobierno incluida la esposa del Presidente de la República; la liberalización implicó acuerdos que permitieron ignorar el mecanismo que se diseñó en la Ley de Hidrocarburos e improvisar uno alterno que permitiera acelerar el proceso de dejar que el precio de las gasolinas y el diésel se fijara por el libre juego de las fuerzas del mercado, mercado formado por particulares nacionales y extranjeros. 

El incremento de los energéticos es detonante de un efecto dominó en la economía lo cual resultará en una espiral inflacionaria de proporciones desconocidas ante la cual la insensibilidad gubernamental, producto de una lógica tecnocrática y no social, profundiza la polarización y la desigualdad en la relación entre el Estado y la sociedad poniendo en riesgo la gobernabilidad y las perspectivas de desarrollo del país. 

Por tanto, es necesario modificar los artículos Décimo Primero y Décimo Segundo Transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal, con la finalidad de posponer el esquema de liberalización y restablecer las condiciones de fijación de los precios máximos de los combustibles en los niveles en que se encontraban en diciembre de 2016. 

Más allá de esa determinación específica, la Constitución no establece expresamente la posibilidad de realizar modificaciones a la Ley de Ingresos durante el tiempo de su vigencia, pero ésta se desprende del proceso parlamentario regular establecido en el artículo 72; siendo una ley, puede reformarse, si bien, la iniciativa debe ser presentada también por el propio Ejecutivo Federal, pues toda modificación de una ley debe seguir el mismo procedimiento que para su creación. 

Con el objetivo de lograr la reversión de los artículos antes mencionados de la Ley de ingresos 2017 y sus efectos sobre la economía mexicana, el PRD ha construido un plan de acción a nivel nacional y el CEE del PRD en Puebla articulará en lo posible las acciones del plan nacional con el que a nivel estatal que se ha acordado. El acompañamiento de las acciones de la sociedad poblana y las acciones propias del PRD poblano se llevarán adelante, pese a la negativa tanto del Ejecutivo como de una parte del Legislativo, se mantendrá en la expectativa que el interés del pueblo de México pese más en el ánimo de ambos poderes que los intereses particulares, nacionales y extranjeros.