En otra iniciativa Barbosa Huerta busca incrementar los castigos por estupro, ya que actualmente las penas van de dos a ocho años de prisión y las multas de 10 mil 200 a 35 mil 700 pesos.

Su propuesta es modificar el artículo 264 del Código Penal del estado, para imponer de ocho a 20 años de cárcel y multas de 4 mil 224 a 42 mil 245 pesos.

Con la reforma la ley quedaría así: “al que tenga cópula con persona mayor de catorce años de edad pero menor de dieciocho, empleando la seducción o el engaño para alcanzar su consentimiento, se sancionará con prisión de ocho a veinte años y multa de cincuenta a quinientos Unidades de Medida y Actualización.

El estupro se sancionará: I.- Si el sujeto activo no es mayor de tres años en referencia a la víctima, con prisión de seis meses a tres años y multa de cincuenta a ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización;

II.- Si el sujeto activo es mayor de tres años en referencia a la víctima, con prisión de ocho a veinte años y multa de cincuenta a quinientos Unidades de Medida y Actualización, y

III.- Si además de ser mayor de tres años en referencia a la víctima, es su pariente por consanguinidad, afinidad o civil; su tutor, curador o tenga alguna representación sobre ella, habite en su mismo domicilio, sea su docente, consejero espiritual, o de alguna forma ejerza influencia moral, física, psicológica o económica en la víctima, adicionalmente a las sanciones que señalan los artículos que anteceden, se impondrán de uno a seis años de prisión”.

Con otra iniciativa se busca que la reparación del daño a las víctimas de trata de personas incluya la restitución de bienes, el pago por los daños materiales y una disculpa pública, ya que la legislación vigente solo contempla el pago de los gastos por tratamiento médico y psicológico.

La intención es modificar el artículo 42 de la Ley para prevenir y erradicar los delitos en materia de trata de personas para que diga:

“La reparación del daño a toda víctima de Trata de Personas deberá ser plena y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación del proyecto de vida, y comprenderá además de lo establecido por la legislación aplicable en la materia, lo siguiente:

I. La restitución de los bienes o la cosa obtenida por el delito con sus frutos y accesorios, y el pago, en su caso, de los deterioros que hubiere sufrido, y si no fuese posible la restitución el pago de su valor actualizado; II. El pago de los daños físicos, materiales, psicológicos, así como la reparación al daño moral.

Incluirá, por lo menos, los costos de tratamiento médico, medicina, exámenes clínicos e intervenciones necesarias, rehabilitación física, prótesis o aparatos ortopédicos, así también la terapia o tratamiento psiquiátrico, psicológico y rehabilitación social y ocupacional hasta la rehabilitación total de la víctima.

III. La pérdida de oportunidades, del empleo, educación y prestaciones sociales que de no haberse cometido el delito se tendrían; por tanto, deberá repararse el daño para que la persona víctima u ofendida puedan acceder a nuevos sistemas de educación, laborales y sociales acorde a sus circunstancias;

IV. El pago de los ingresos económicos que se hubieren perdido, así como y el lucro cesante ocasionado por la comisión del delito; V. Los gastos de asistencia y representación jurídica o de peritos, hasta la total conclusión de los procedimientos legales;

VI. Los costos del transporte de retorno a su lugar de origen, si así lo decide la víctima, gastos de alimentación, vivienda provisional, vestido y los que sean necesarios durante la investigación, el proceso y la rehabilitación física y psíquica total de la víctima;

VII. La declaración que restablezca la dignidad y la reputación de la persona víctima u ofendida y de las personas vinculadas a ella, a través de los medios que solicite, y VIII. La disculpa pública de reconocimiento de hechos y aceptación de responsabilidad, cuando en el delito participe servidor público o agente de autoridad”.