¡Síguenos!El programa que protege de la deportación a los inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños al proponer una nueva regulación, el último intento de preservarla.
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El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, creado en 2012, ha sido objeto de un litigio en curso, a pesar de los esfuerzos de la administración para mantener vivo el programa. También estuvo bajo amenaza durante la administración Trump cuando el entonces presidente Donald Trump intentó terminar el programa.
DACA, creado en 2012, tenía la intención de brindar un respiro temporal a los inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños, un grupo que a menudo se describe como soñadores o dreamers. Los beneficiarios, muchos de los cuales ahora son adultos, también reciben ciertas autorizaciones de trabajo.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció una regulación propuesta, que pasará por un período de comentarios públicos, para iniciar el proceso de registro de la política en el Registro Federal. Anteriormente, DACA se implementó a través de un memorando de Seguridad Nacional.
La regla propuesta también se produce cuando la administración Biden lucha con una agenda de inmigración que ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de demócratas y republicanos durante la semana pasada en medio de una afluencia de llegadas a la frontera entre Estados Unidos y México que culminó en un campamento de migrantes debajo de un puente.
Durante años, el Congreso ha intentado, y no ha logrado, aprobar una legislación que brinde un camino hacia la ciudadanía para esta población y, por lo tanto, les otorgue protección permanente. En ausencia de esta legislación, la administración Obama y ahora la administración Biden han confiado en DACA para proteger a ciertos inmigrantes indocumentados de la deportación.
En julio, el juez Andrew Hanen, del Distrito Sur de Texas, dictaminó que DACA violó la Ley de Procedimiento Administrativo, que dicta qué procedimientos deben seguir las agencias para implementar ciertas políticas. Bloqueó al gobierno para que no aprobara nuevas solicitudes para el programa, pero su orden permitió que el programa continuara para los afiliados actuales mientras se litiga el caso.
